La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó irregularidades por 48 mil millones de pesos más en el tercer y último paquete de auditorías del gasto público 2020.
En total, los tres informes de la cuenta pública 2020 suman 60 mil millones de pesos en gastos “por recuperar o aclarar”: 461.6 millones en la primera entrega, 12 mil 253 millones en la segunda y 48 mil 114 millones 900 mil pesos en la tercera entrega.
En la tercera entrega se contemplan 866 informes: 647 son al Gasto Federalizado, 52 son de Cumplimiento Financiero, 68 de Desempeño, 53 de Cumplimiento a Inversiones Físicas, 22 Combinadas de Cumplimiento y Desempeño, 9 Evaluaciones de Políticas Públicas, 8 de Cumplimiento a Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 6 de Cumplimiento Forense y 1 Estudio. En 2020, sólo se han logrado recuperaciones por mil 782 millones de pesos.
En tanto, el monto observable en la revisión de los recursos del gasto federalizado programable, de estados y municipios 21 mil 190.3 millones de pesos, del cual mil 753.2 millones, es decir, 8.3 por ciento, corresponden a recuperaciones operadas y 19 mil 437.1 millones de pesos, el 91.7 por ciento, integran el monto por aclarar, indican los informes.
De acuerdo con David Colmenares Páramo, el auditor superior, el mayor monto por aclarar corresponde a estados y municipios.
“El análisis de la cuenta pública 2020 mostró que la mayoría de las entidades federativas recibe, en promedio, 90 por ciento de sus ingresos de las transferencias federales, y en el ámbito municipal aproximadamente el 71 por ciento de sus ingresos totales, lo que se agrava en los municipios con mayor nivel de marginación, en los que alcanza más del 90 por ciento de los recursos”, expuso.
Y agregó que “tan sólo en el caso de las auditorías al gasto federalizado se obtuvieron más de mil 830 millones de pesos en recuperaciones ya operadas, una cifra histórica en la ASF, lo que muestra el efecto correctivo de nuestra intervención respecto a la actuación de los gobiernos”.
Paralelamente, Colmenares Páramo respondió a las críticas de la oposición y aseguró que la ASF ofrece “información confiable y objetiva que coadyuva al perfeccionamiento de la gestión gubernamental en México”.
Y sostuvo que “en cuanto a las acciones correctivas de índole penal o administrativo que derivan de la fiscalización, la ASF ejerce al límite sus atribuciones, para coadyuvar con las instancias responsables”.
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