La concesión de la autopista Silao-San Miguel de Allende fue avalada por especialistas, atrayendo inversión privada sin endeudar al estado.
El secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad de Guanajuato, Juan Pablo Pérez Beltrán, ha defendido la legalidad de la concesión para la construcción de la autopista Silao-San Miguel de Allende. Aclaró que la obra se realizó “con absoluto apego a la ley” y con base en estudios técnicos, financieros y jurídicos independientes. El secretario enfatizó que el estado no vendió ni perdió la carretera, sino que utilizó una asociación público-privada para atraer más de 6 mil millones de pesos en inversión privada.
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Pérez Beltrán desmintió las críticas y aseguró que el procedimiento fue aprobado por el Consejo Consultivo de Concesiones, garantizando la transparencia del proceso. La nueva autopista, que conectará el corredor industrial con uno de los principales destinos turísticos del estado, es considerada prioritaria para mejorar la conectividad y la seguridad vial.
La nueva autopista Silao-San Miguel tendrá una extensión de 52 kilómetros y conectará los municipios de Silao y San Miguel de Allende, beneficiando también a otras localidades como Dolores Hidalgo. Uno de sus principales beneficios será la reducción de más de 30 minutos en los tiempos de traslado, así como un aumento en la seguridad vial. El proyecto creará más de 1,500 empleos y generará una fuente de ingresos anual para el estado.
El diseño de la autopista, que atravesará zonas montañosas, contempla 42 puentes y seis pasos peatonales, lo que explica su costo. El secretario afirmó que el costo por kilómetro está por debajo de otras concesiones similares a nivel federal. La obra, con dos carriles por sentido, reducirá un 60% las curvas peligrosas de la ruta libre, mejorando el flujo de tráfico y disminuyendo los incidentes.
El contrato de concesión establece un período de operación y conservación de 30 años. Incluye sanciones económicas para la empresa concesionaria si incumple con los plazos de construcción. Además, se realizarán dos evaluaciones anuales para garantizar la calidad de la autopista, y solo si se alcanza el 90% de aprobación en más de 500 indicadores, se autorizará un incremento en el peaje.
El secretario defendió la decisión de concesionar la vialidad, explicando que haberla construido con recursos públicos habría significado dejar de invertir en áreas clave como salud, educación o vivienda. Este esquema permite que un privado asuma el riesgo y la inversión, liberando fondos públicos para otros programas sociales. La autopista Silao-San Miguel es un claro ejemplo de cómo la colaboración público-privada puede impulsar la infraestructura sin comprometer las finanzas del estado.
Fuente: El Sol de México
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