Bárbara Botello Santibáñez, una reconocida política guanajuatense con una amplia trayectoria en el gobierno, ha sido objeto de acusaciones de corrupción y se ha visto involucrada en contratos cuestionables con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).
A pesar de las denuncias y los conflictos de interés planteados, ha logrado obtener más de 25 millones de pesos en contratos para sus empresas.
Estos contratos no siguieron los procedimientos de licitación pública requeridos por la ley, generando inquietudes sobre la transparencia y legalidad de las transacciones.
Aunque Botello Santibáñez niega cualquier tráfico de influencias o conflicto de intereses, las irregularidades en sus contratos han generado sospechas.
Botello Santibáñez ha sido una figura influyente en la política guanajuatense, pero su carrera ha estado empañada por acusaciones de corrupción y posibles favoritismos. Recientemente, se ha revelado que ha obtenido contratos significativos con el INFONAVIT a través de sus empresas, sin seguir los procedimientos adecuados de licitación pública.
El monto total de los contratos obtenidos por Botello asciende a más de 25 millones de pesos. Es preocupante destacar que sus empresas, Asesoría Estratégica Legal, S.C. y BB Y S. Corporativo Cobranza Especializada, S.C., no están formalmente registradas en el Registro Público de Comercio, lo que ha planteado preguntas sobre la transparencia de sus actividades comerciales.
Uno de los contratos en cuestión, por un valor de 8 millones 138 mil 495 pesos, fue otorgado a BB Y S. Corporativo Cobranza Especializada, S.C. a través de una adjudicación directa, evitando así el proceso de licitación pública requerido por la ley. Además, este contrato no aparece registrado en los registros oficiales de adjudicaciones directas del INFONAVIT, lo que ha generado aún más dudas sobre su legalidad.
Es relevante mencionar que Botello Santibáñez y Rogerio Castro Vázquez, secretario general actual del INFONAVIT, fueron compañeros diputados en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y ahora son compañeros en el partido MORENA. Esta relación plantea interrogantes sobre posibles vínculos y conflictos de interés en la asignación de contratos.
Además de las preocupaciones sobre los procedimientos de licitación, también se ha cuestionado la evaluación del desempeño de los proveedores, ya que algunos contratos se otorgaron antes de la finalización de los servicios. Esto ha generado dudas sobre si los contratos se basaron en méritos o si hubo algún tipo de favoritismo involucrado.
Otro dato relevante es que las empresas de Botello comparten dirección con un abogado y han sido representadas legalmente por él. Esta situación plantea interrogantes sobre posibles relaciones y conflictos de interés en el entorno empresarial de Botello.
En conclusión, las acusaciones y controversias que rodean los contratos millonarios de Bárbara Botello Santibáñez generan serias dudas sobre la legalidad, la transparencia y la ética en la política y las actividades comerciales. Es necesario que se tomen medidas para garantizar la transparencia y prevenir conflictos de interés en la asignación de contratos en el futuro.
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