Decomiso en Silao impulsa ofensiva contra el “huachicol fiscal” en Guanajuato

El gobierno estatal refuerza controles tras incautación millonaria de combustible en Silao, vinculada a empresas con estructuras legales simuladas.

Revisión integral del mercado energético tras operativo en Silao

El decomiso millonario de combustible en Silao ha motivado al gobierno de Guanajuato a reforzar su estrategia contra el “huachicol fiscal”. La gobernadora Libia Dennise García anunció una revisión integral del mercado energético, con enfoque en empresas que, aunque aparentan cumplir con la normatividad, operan sin documentación válida y utilizan estructuras legales simuladas.

Este esquema ilícito altera los precios del combustible y reduce los ingresos fiscales destinados a programas públicos. En respuesta, el Ejecutivo estatal ha intensificado las inspecciones en estaciones de servicio, bodegas y centros logísticos, verificando permisos y confrontando registros volumétricos con la facturación declarada ante autoridades fiscales.

Acciones coordinadas con autoridades federales

La gobernadora destacó la coordinación directa con la FGR, la Secretaría de Hacienda y Pemex para rastrear flujos financieros y vínculos empresariales sospechosos. Las dependencias acordaron implementar:

• Auditorías conjuntas
• Revisión de inventarios
• Cruces bancarios para identificar beneficiarios finales

Parte del combustible incautado en Silao fue vinculado a un esquema paralelo que integra transporte, almacenamiento y venta sin acreditación oficial, lo que confirma la existencia de redes organizadas dedicadas al comercio ilícito de combustible.

Fortalecimiento de controles y transparencia

Libia Dennise calificó el operativo como un avance tangible en el combate a la corrupción energética y reiteró el compromiso del gobierno con la transparencia y el cumplimiento tributario. Para consolidar estos esfuerzos, se instalaron mesas técnicas con autoridades hacendarias y representantes del sector energético, con el objetivo de establecer criterios uniformes de supervisión.

El Estado mantendrá comunicación constante con Pemex, la FGR y organismos empresariales para garantizar una competencia legítima entre distribuidores que operan conforme a las reglas establecidas en Guanajuato.

Fuente El otro enfoque