La economía informal en México continúa en expansión. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), este sector registró un crecimiento anual de 3.8% durante el segundo trimestre de 2024. Este aumento, impulsado principalmente por entidades como Quintana Roo, Durango y Nuevo León, refleja la persistencia de un desafío para la economía mexicana.
El informe de las Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa (MEITEF) revela que el valor agregado bruto (VAB) de la economía informal alcanzó los 6.03 billones de pesos a precios constantes de 2018, lo que significa un aumento de 5.4% con respecto al mismo periodo del año anterior.
A nivel estatal, Quintana Roo encabeza la lista con un crecimiento del 11.2%, seguido por Durango con 10.7% y Nuevo León con 9.6%. Campeche (9.2%) y Querétaro (7.9%) completan el grupo de las cinco entidades con mayor dinamismo en el sector informal.
El reporte del Inegi también destaca el desempeño de Guanajuato, que con un crecimiento del 7.3% se ubica por encima de la media nacional (5.4%). En contraste, Tabasco fue la única entidad que registró una contracción en su economía informal (-2.2%). Chihuahua y Sinaloa, por su parte, mostraron un crecimiento moderado de apenas 1.1%.
Un dato preocupante que revela el informe es la prevalencia de la informalidad al interior de las empresas formales. El Inegi documentó que un 43.8% de la economía informal se concentra en trabajadores que, a pesar de laborar en unidades económicas registradas, no cuentan con acceso a la seguridad social ni a prestaciones básicas como vacaciones, aguinaldo o liquidación por despido.
Este fenómeno, que creció 1.1% a tasa anual, se observa con mayor intensidad en Ciudad de México, Campeche, Quintana Roo, Morelos y Jalisco.
El crecimiento de la economía informal plantea retos importantes para México. Por un lado, limita la recaudación fiscal y dificulta la implementación de políticas públicas efectivas. Por otro, implica precariedad laboral y falta de acceso a la protección social para un amplio sector de la población.
Expertos señalan que es necesario implementar estrategias integrales que promuevan la formalización de la economía. Estas estrategias deben incluir la simplificación de trámites, el acceso a financiamiento, la capacitación y la generación de empleos de calidad.
El combate a la informalidad es un desafío complejo que requiere la participación conjunta del gobierno, el sector privado y la sociedad en su conjunto. Solo a través de un esfuerzo coordinado se podrá avanzar hacia una economía más justa e inclusiva.
Fuente: El Pipila
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