EU descarta pena de muerte para Caro Quintero y ‘El Mayo’ Zambada

Estados Unidos no solicitará pena de muerte para Rafael Caro Quintero e Ismael ‘El Mayo’ Zambada, según anunció el Departamento de Justicia.

Fiscalía de EU no buscará pena capital para ‘El Mayo’ Zambada

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que no solicitará la pena de muerte para Ismael ‘El Mayo’ Zambada, presunto exlíder del cártel de Sinaloa. La notificación fue enviada por el fiscal Joseph Nocella Jr. al juez Brian M. Cogan, titular de la Corte del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York.

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En una carta dirigida al juzgado, el fiscal indicó que la fiscal general autorizó y ordenó a la oficina no buscar la pena capital contra Ismael Zambada García. La decisión se da en el marco del proceso legal que enfrenta por 17 cargos, entre ellos crimen organizado, tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, metanfetamina, heroína, uso de armas de fuego y lavado de dinero.

La fiscalía federal en el Distrito Este de Nueva York es la encargada de llevar el caso, que forma parte de una estrategia más amplia contra el narcotráfico transnacional. La decisión de no buscar la pena de muerte no implica una reducción de los cargos ni descarta una condena severa en caso de ser hallado culpable.

Caro Quintero también queda fuera de pena capital

Por su parte, Rafael Caro Quintero, de 69 años, tampoco enfrentará la solicitud de pena de muerte por parte de la justicia estadounidense. Caro Quintero es uno de los fundadores del extinto cártel de Guadalajara y está acusado de múltiples delitos, entre ellos el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985.

Aunque los cargos son de extrema gravedad, la fiscalía general de EU ha decidido no activar el componente de pena capital en ambos casos. Esta determinación responde a protocolos internos de evaluación de casos penales federales, sin que se hayan revelado los detalles específicos de la evaluación.

Ambos procesos continuarán bajo el marco del sistema judicial estadounidense, donde las autoridades buscan garantizar el debido proceso conforme a la ley.

Fuente La Jornada