Fiscalía Investiga Falsedad de Declaración de Bárbara Botello
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha reunido pruebas sustanciales para llevar a juicio a la exalcaldesa Bárbara Botello Santibáñez por presunta falsedad en sus declaraciones. La audiencia inicial de este proceso penal está programada para el 15 de noviembre en León.
El abogado Juan Arredondo Rodríguez, en representación de Editorial Martinica, SA. de CV., recibió la notificación de la audiencia inicial como respuesta a la denuncia penal presentada contra Bárbara Botello. Esta denuncia se originó debido a que Botello acusó por daño moral al presidente del Consejo de Administración de AM, Enrique Gómez Orozco, y otras tres personas. La exalcaldesa alegó que la publicación de una columna de opinión en el portal AM, que hacía referencia a presunta corrupción en su mandato como alcaldesa de León, había afectado económicamente a su despacho jurídico.
La Fiscalía encontró elementos convincentes para llevar adelante la denuncia penal y presentarla ante el Poder Judicial. Si el juez determina que Bárbara Botello mintió en sus declaraciones, será vinculada a proceso penal.
Editorial Martinica obtuvo información directa de Infonavit sobre dos contratos otorgados al despacho jurídico de la exalcaldesa. Estos contratos contradicen la afirmación de Botello de que la publicación en el portal AM le había costado contratos con Infonavit. Cuando se publicó la columna en julio de 2019, su despacho no tenía contratos con Infonavit. Sin embargo, en septiembre de 2021, cuando ella presentó su prueba para demostrar el supuesto daño a su despacho, ya había celebrado un contrato con Infonavit por 8,139,495 pesos, firmado en abril de 2021. Posteriormente, en abril de 2022, recibió un segundo contrato por 51,610,024 pesos.
El Portal AM buscó la postura de Bárbara Botello sobre el tema, pero la exalcaldesa informó que ni ella ni su abogado darán declaraciones a ese diario. Cabe mencionar que Botello se postuló como aspirante a la gubernatura de Guanajuato por Morena, pero fue rechazada por la mayoría de los consejeros estatales.
Vía AM
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