Gobierno federal y gobernadores pactan Acuerdo Nacional contra la Extorsión para contener el delito en ascenso

La estrategia busca unificar leyes y fortalecer la respuesta policial ante uno de los crímenes que más preocupa a la población.

Frente al desafío del único delito de alto impacto que continúa en ascenso, el Gobierno federal y los 32 Gobernadores del país aprobaron este jueves el Acuerdo Nacional contra la Extorsión. Esta estrategia nacional tiene como objetivo primordial unificar leyes, protocolos y acciones en todo el territorio para enfrentar de manera coordinada uno de los crímenes que genera mayor preocupación entre la población.

El anuncio oficial se realizó durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional. El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentó la nueva etapa de la estrategia nacional que fue iniciada en julio pasado. García Harfuch reconoció que la extorsión es uno de los delitos que más afecta e inquieta a los ciudadanos.

Pilares del Acuerdo Nacional

El compromiso firmado por la Federación y los estados está diseñado para fortalecer las capacidades de investigación y respuesta a este delito. Los puntos clave del Acuerdo Nacional contra la Extorsión incluyen:

• Armonizar leyes estatales para tipificar y sancionar la extorsión de manera uniforme a nivel nacional.
• Crear o fortalecer unidades especializadas en las fiscalías locales para atender este crimen.
• Homologar los procedimientos de investigación mediante el diseño de un Manual Nacional de Actuación.
• Reforzar la operación del 089, el número de denuncia anónima, con el fin de mejorar la atención y el seguimiento de las quejas.

Resultados preliminares y otros avances en seguridad

Desde el lanzamiento de la estrategia inicial el 6 de julio, el número 089 ha recibido más de 102 mil llamadas y se ha logrado la detención de más de 600 presuntos extorsionadores en 22 entidades.

García Harfuch también destacó la coordinación entre Sedena, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales, la cual ha resultado en 38 mil 700 detenciones por delitos de alto impacto en los primeros 14 meses de la administración, además de 20 mil armas aseguradas y 311 toneladas de drogas incautadas. El Consejo de Seguridad Pública también revisó la profesionalización policial, la certificación de áreas de inteligencia y la actualización de lineamientos operativos para el 911 y el 089. Asimismo, se aprobaron los criterios de operación de los fondos federales FASP, FOPISP y FORTAMUN para ordenar el gasto y fortalecer las capacidades de los estados.