Compra emergente medicamentos irregularidades
La adquisición emergente por mil 30 millones de pesos exhibe deficiencias en la planeación y el respeto a los procesos del sector salud.
La compra complementaria consolidada, lanzada en octubre pasado por la Secretaría de Salud y la empresa estatal Birmex para adquirir urgentemente medicamentos e insumos médicos, se llevó a cabo de manera improvisada y sin respetar los procedimientos de adquisición del sector público. Así lo señala el informe de la testigo social designada para supervisar el proceso, quien también cuestiona la ausencia de un mecanismo para determinar un precio promedio de los productos adquiridos. La Silla Rota tuvo acceso al documento que detalla la compra por mil 30 millones de pesos, donde se reprocha la conducción de la adquisición a diversas instituciones del sector Salud (SSA, IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, Birmex).
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El informe de la testigo social, Ana Catalina Bruna Bohne, quien fue asignada al proceso en diciembre cuando ya había iniciado, destaca una deficiencia en la planeación de la compra de medicamentos para el año 2024. Según el documento, la investigación de mercado sugirió que, de no haber existido la urgencia de concluir la adquisición en 2024, se podría haber realizado una licitación, ya que existía suficiente proveeduría y los proveedores seleccionados cumplían con los requisitos técnicos y económicos. Servidores públicos de las entidades involucradas confirmaron la falta de tiempo para una licitación, pero señalaron que la responsabilidad de la planeación recae en las autoridades coordinadoras del sector y los participantes en la consolidación. La testigo social también hace referencia a la falta de planeación que llevó a la asignación de contratos a empresas que ofrecieron suministros sin que constara que ya habían vendido al gobierno, contraviniendo la normatividad vigente.
En su testimonio, Ana Catalina Bruna Bohne relata que durante una reunión entre representantes del gobierno y proveedores se manifestó la preocupación de que la improvisación generaría problemas a los proveedores, debido a un plazo de entrega que vencía el 31 de diciembre de 2024 y el escaso tiempo para recibir la notificación de la adjudicación y entregar los suministros. La testigo social también señala la falta de un cronograma claro del procedimiento, lo que dificultó su labor de supervisión. Se le informó que el proceso de adjudicación se estaba llevando a cabo de manera urgente, trabajando simultáneamente en diferentes fases sin una planificación adecuada.
Fuente La Silla Rota
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