Colectivos internacionales rechazan la millonaria inversión en el Mundial ante crisis de derechos humanos.
Más de cien organizaciones civiles de México, Estados Unidos y Canadá manifestaron su profundo rechazo ante la asignación de recursos públicos para la Copa del Mundo. A través de una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, los colectivos señalaron que este capital debió enfocarse en resolver las graves problemáticas de violencia que padece el país.
El reclamo surge tras el anuncio de un gasto de 2 mil millones de pesos destinados a la infraestructura de movilidad en las ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Adicionalmente, el plan gubernamental contempla el despliegue de 100 mil agentes de seguridad pública y otras inyecciones financieras estatales, un plan que la sociedad civil considera ajeno a las necesidades de la población.
Las organizaciones firmantes, entre las que destacan Amnistía Internacional, Greenpeace México y Global Exchange, enfatizaron que el gasto deportivo contrasta con la realidad social. El documento detalla que existen prioridades críticas desatendidas, como la crisis de desapariciones forzadas que actualmente registra más de 133 mil víctimas y la falta de protección para las mujeres buscadoras.
Asimismo, exigieron frenar los operativos del Instituto Nacional de Migración y proteger a la población vulnerable. Entre sus demandas principales se encuentra asegurar la inclusión de más de 190 mil mexicanos deportados y cerca de 13 mil personas de otras nacionalidades que fueron expulsadas hacia el territorio nacional durante el periodo de 2025 a marzo de 2026.
El posicionamiento de los activistas también abarca la defensa ecológica y los derechos laborales. Las agrupaciones instaron al Ejecutivo federal a implementar políticas que antepongan el medio ambiente sobre los megaproyectos extractivistas que impactan los ecosistemas de la Selva Maya y las zonas marinas. La urgencia radica en un panorama hostil, donde tan solo en 2025 se reportaron diez defensores ambientales asesinados y 314 agresiones directas.
Por otra parte, enviaron un mensaje contundente respecto al futuro comercial de la región. Los colectivos advirtieron que la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) debe estructurarse en beneficio de los trabajadores y la naturaleza, afirmando que de lo contrario sería preferible no firmar el acuerdo.
Ante este escenario, el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia exhortó a la mandataria a entablar mesas de trabajo con la sociedad civil para diseñar una agenda de paz integral. El objetivo final es detener problemáticas estructurales como el desplazamiento forzado, ejemplificado en las 2 mil personas desplazadas de comunidades indígenas en Chilapa, Guerrero. Las organizaciones concluyeron que es indispensable redireccionar las prioridades del Estado, pues la actual inversión en el Mundial profundiza el abandono de los derechos fundamentales en la región.
Fuente Proceso
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