Morena fracasa en nombramiento de magistrados electorales por falta de mayoría calificada

Votación expone divisiones internas y críticas de la oposición

Fallo en la votación del pleno

El intento de Morena por aprobar el nombramiento de 56 magistrados electorales en el Senado terminó en un revés político al no alcanzar la mayoría calificada necesaria. Con 72 votos a favor y 38 en contra, además de dos abstenciones, quedó evidente que seis senadores oficialistas votaron en contra y otros dos se abstuvieron, aunque sus identidades permanecen ocultas debido al formato de votación por cédula.

La secretaria de la Mesa Directiva, Verónica Camino, confirmó que no se logró el umbral requerido de dos terceras partes. Según anunció el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, la discusión se reanudará el 9 de abril, con posibles ajustes en la lista propuesta.

Críticas desde la oposición

El PAN lideró las acusaciones contra la Junta de Coordinación Política, presidida por Adán Augusto López Hernández, señalando que varios candidatos carecen de los requisitos de experiencia profesional o documentación comprobatoria. Entre los cuestionamientos destacan:

– Vínculos partidistas detectados en algunos aspirantes
– Revelación de un audio comprometedor relacionado con una candidata
– Denuncias sobre falta de transparencia en la elaboración de la lista

El coordinador panista, Ricardo Anaya, calificó el proceso como un “cochinero”, argumentando que busca consolidar el control absoluto de Morena sobre los tribunales electorales.

Reacciones y perspectivas

El senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, criticó la ausencia de diálogo con la oposición durante la elaboración de la lista. Aseguró que no hubo oportunidad de revisar los perfiles ni verificar criterios básicos como la paridad de género.

Por su parte, Javier Corral respondió a las acusaciones vinculadas al audio revelado, admitiendo conocer a una de las aspirantes pero negando haber intervenido en su inclusión. Mientras tanto, la oposición advierte que este proceso podría debilitar la confianza en la democracia si los tribunales electorales quedan bajo control partidista.