El partido Movimiento Ciudadano en el Senado presentó una iniciativa de reforma con la finalidad de modificar el artículo 19 de la Constitución, con la finalidad de que jueces recurran a medidas alternativas a la prisión preventiva oficiosa en los delitos de daño patrimonial.
Lo anterior tiene la finalidad de no criminalizar la pobreza, buscar que los imputados continúen su proceso en libertad y que no se creen más cárceles para perseguir ese delito.
Al respecto la senadora Patricia Mercado Castro, quien presentó la iniciativa, la prisión oficiosa afecta, en la mayoría de los casos, a personas de escasos recursos, con educación básica, acusados por robo y sin acceso a una defensa adecuada.
“No decimos que no se sancione, por supuesto que las personas deben recibir una sanción por cometer un delito. Lo que proponemos es que en lugar de prisión preventiva oficiosa, el juez recurra a una de las 14 medidas cautelares previstas en la ley como la presentación periódica, retiro del pasaporte, resguardo domiciliario, localización electrónica, entre otros”, precisó.
Cada persona que está en la cárcel le cuesta al estado 60 mil pesos, además si usa brazalete electrónico tiene un costo de 10 mil pesos, este último solo es accesible para quién lo puede pagar, destacó Mercado.
De acuerdo con datos del INEGI el incremento de población carcelaria corresponde principalmente a hombres y mujeres en condición económica precaria, con estudios de secundaria o menos, que laboran en el comercio informal y deben trabajar toda la semana sin descanso para mantenerse.
La última reforma constitucional respecto a la prisión preventiva automática por una veintena de delitos aumentó la población carcelaria. Ahora la prisión preventiva acepta encarcelar solo con una denuncia con robo, lo que ha provocado alrededor de 130 mil detenidos en dos años, en 21 estados del país, revela investigación de Animal Político.
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