Asesinatos activistas ambientales México
Grupos de poder, incluyendo empresariales y crimen organizado, buscan intimidar a defensores del ambiente y el territorio, con un saldo de 25 homicidios en 2024 en México.
La labor de numerosos activistas en México, quienes abogan por la protección del medio ambiente, se ha convertido en un obstáculo para grupos de poder interesados en la apropiación de zonas naturales o la invasión del hábitat de especies animales. Las amenazas y el hostigamiento contra quienes defienden la tierra, la fauna y los ecosistemas están en aumento. La mayoría de estos defensores provienen de zonas rurales y poseen un profundo conocimiento del valor de su territorio. Sin embargo, enfrentan discriminación, despojo y falta de empatía, lo que los impulsa a alzar la voz en una lucha que pone en riesgo sus vidas.
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El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en su informe Defensores 2024, documentó al menos 10 agresiones contra defensores de derechos humanos ambientales vinculadas a la construcción de desarrollos habitacionales, de servicios y comerciales. Esta causa se ubica como la tercera principal de agresiones, después de las relacionadas con granjas porcícolas y tala forestal ilegal. Un dato significativo es el ascenso del sector empresarial al segundo lugar como agente agresor, superando a otros grupos y solo detrás de las instancias gubernamentales. Las agresiones provenientes de este sector representan al menos el 26 por ciento del total registrado.
Los sectores más peligrosos para quienes defienden el medio ambiente y el territorio en 2024 fueron la minería, con 11 homicidios reportados, y el sector forestal, con cinco asesinatos. El sector agropecuario registró tres homicidios, y se contabilizó un crimen en cada una de las siguientes áreas: urbano, contaminantes y vías de comunicación. Las agresiones contra los activistas ambientales abarcan desde amenazas, con 15 casos en 2024, hasta 25 asesinatos documentados, incluyendo cuatro ejecuciones extrajudiciales. La intimidación es la forma de agresión más común, con 27 casos, seguida por el hostigamiento, con 23 casos.
La criminalización y difamación de los activistas ambientales son otras tácticas empleadas por los grupos de poder para eliminar el obstáculo que representa su defensa de la tierra, el agua o el aire. Se han registrado al menos 14 agresiones físicas y 12 daños a propiedades de los defensores. Otros tipos de ataques incluyen el uso indebido de la fuerza, discriminación, privación ilegal de la libertad, desapariciones, desplazamiento forzado, allanamiento, desaparición por particulares, agresiones sexuales, espionaje y desalojo forzado. Gustavo Alanís, director ejecutivo del CEMDA, instó a las autoridades mexicanas a garantizar el adecuado funcionamiento del Mecanismo para la protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, proporcionando recursos suficientes. El informe también señala siete agresiones relacionadas con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cuatro vinculadas al Tren Maya y cuatro al relleno Sanitario de Paso de Ovejas y Cholula, evidenciando que proyectos gubernamentales tampoco están exentos de generar conflictos.
Las víctimas de las agresiones son principalmente miembros de la comunidad que abogan por causas ambientales debido a su profundo conocimiento del valor de su entorno. Sin embargo, las agresiones también han alcanzado a integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, con al menos 21 casos documentados y algunas investigaciones en curso. Ejidatarios, defensores independientes, periodistas y comuneros también han sido blanco de ataques y hostigamiento por denunciar atentados contra la naturaleza. Casos como el asesinato del sacerdote tzotzil Marcelo Pérez Pérez en Chiapas, defensor del medio ambiente y los derechos colectivos, y del líder indígena nahua Antonio Regis Nicolás en Michoacán, quien protegía su tierra frente a la explotación de recursos, ilustran la peligrosidad de esta labor. A nivel internacional, la organización Global Witness reportó 166 asesinatos de defensores ambientales en Latinoamérica solo en 2023, siendo Colombia el país más peligroso, seguido por Brasil, Honduras y México, aunque para este último la cifra aumentó en 2024.
Fuente Reporte Índigo
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