Para este delito se establece una condena de 30 a 60 años de prisión y la iniciativa señala que si la víctima del delito fuera menor de edad, las penas previstas se incrementarían hasta en una tercera parte, sin rebasar el límite máximo establecido.
“Es esencial trabajar para fortalecer los derechos de las niñas y adolescentes guanajuatenses, a fin de asegurar que todas las formas de violencia contra ellas se sancionen como se debe”, recalcó la legisladora. Expuso que de 2015 a 2018, en el país se reportaron 194 crímenes de este tipo contra menores, “situación que es alarmante”, consideró.
Hoy en el estado de Guanajuato ya es una realidad, los penas por este delito aumentaron y son castigadas con mínimo 40 años en prisión.