Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 28 de junio 2026. La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo en Vivienda para el Bienestar. La acompañan: Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas; Edna Vega Rangel, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Octavio Romero Oropeza, Director General del INFONAVIT; José Iracheta Carroll, Subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda; Rodrigo Chávez Contreras, Director General del Instituto Nacional de Suelo Sustentable; Víctor Rubén Guzmán Dagnino, Director General del Instituto Nacional de Suelo Sustentable; Jabnely Maldonado Maza, Vocal Ejecutiva del FOVISSSTE; Diana Natividad Farrera López, Beneficiaria del Programa de Vivienda para el Bienestar; Miguel Ángel Ramírez Trujillo, Beneficiaria del Programa de Vivienda para el Bienestar; José Roberto Hernández Paniagua, Beneficiario del Programa INFONAVIT Solución Integral; Anabell Camacho Mendoza, Beneficiaria del Programa INFONAVIT Cancelación de Hipoteca; Iris Margot García Cancino, Beneficiaria del Programa FOVISSSTE de Crédito Liquidado, Gladiz Margarita Sánchez Alemán, Beneficiaria del Programa INSUS de entrega de Escrituras. Foto: Saúl López Escorcia/Presidencia
La administración federal detalló las proyecciones económicas y sociales de la estrategia Vivienda para el Bienestar. Durante una gira de trabajo por Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la presidenta Sheinbaum afirmó que esta política pública garantizará el acceso a propiedades dignas y fungirá como un motor macroeconómico. De acuerdo con las estimaciones oficiales, el impulso al sector de la construcción aportará alrededor del uno por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) a nivel nacional, un crecimiento fundamentado en la generación de empleos, calculando que cada casa genera empleo para al menos cuatro personas.
En cuanto al alcance demográfico y territorial establecido para el actual sexenio, el Gobierno de México proyecta beneficiar a cerca de 30 millones de personas con acciones de vivienda. Este despliegue de infraestructura busca dinamizar los sectores productivos vinculados a la obra pública, marcando como prioridad institucional el bienestar social y la activación económica a través de la inversión estatal directa.
El evento sirvió para transparentar la dispersión de fondos federales en la entidad. Edna Elena Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que se cuenta con una bolsa de 42 mil millones de pesos para construir 70 mil viviendas en Chiapas durante la administración, reportando que el 50 por ciento ya se encuentra contratado. Como parte de esta tercera entrega en la capital del estado, las dependencias otorgaron los siguientes documentos y bienes para asegurar la certeza jurídica de los ciudadanos:
Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, rindió un informe sobre la capacidad instalada a nivel nacional, la cual abarca 420 desarrollos habitacionales en 31 estados. El objetivo del instituto es edificar 475 mil viviendas, de las cuales 190 mil ya están en proceso. Tras la entrega de las primeras 3 mil 600 casas, la dependencia programó la asignación de otras 5 mil para el mes de julio. Específicamente en el territorio chiapaneco, se edificarán 34 mil viviendas con un presupuesto superior a los 20 mil millones de pesos, de las cuales 3 mil 800 serán licitadas en los próximos días garantizando los procesos de contratación pública.
De manera paralela al ordenamiento urbano, el Ejecutivo federal y el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizaron labores de supervisión en el municipio de La Concordia, donde se ejecuta la construcción del puente Rizo de Oro. Esta infraestructura civil es considerada un eje logístico vital para conectar a las comunidades de la región Sierra y los asentamientos ubicados alrededor de la presa La Angostura.
Las autoridades estatales argumentaron que esta obra transformará la movilidad y reducirá los tiempos de traslado hacia la capital chiapaneca. El ordenamiento de estas vías de comunicación terrestres permitirá a la población un acceso más rápido, legal y seguro a servicios de salud, educación y actividades comerciales, detonando oportunidades de desarrollo económico en zonas que históricamente enfrentaron rezagos en su infraestructura de transporte.
Con información de PROCESO
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