El acceso a la salud en México retrocedió casi 19 puntos porcentuales entre 2016 y 2024.
En un periodo de ocho años, el acceso a la salud en México ha experimentado un retroceso crítico que deja a millones de ciudadanos en la desprotección. Según datos del Sistema de Información de Derechos Sociales (SIDS) del INEGI, la cobertura efectiva se desplomó de un 84% en 2016 a solo un 66% en 2024. Esta caída de 19 puntos implica que, actualmente, el 34% de la población padece carencias por falta de servicios médicos.
Mientras que el acceso a servicios médicos retrocede, la seguridad social muestra un avance modesto de casi seis puntos, alcanzando al 51.8% de los habitantes. Sin embargo, este crecimiento es insuficiente, ya que solo la mitad de los mexicanos cuenta con afiliación a instituciones como el IMSS o el ISSSTE, evidenciando un sistema fragmentado y desigual.
Desigualdad regional en el acceso a la salud en México
Las cifras de 2024 revelan un país dividido por su geografía. Mientras que en estados del norte como Nuevo León y Baja California Sur la cobertura es superior al 80%, en el sureste la realidad es opuesta. Chiapas registra el nivel más bajo de bienestar en este rubro, con apenas un 36.7% de su población con acceso efectivo a servicios médicos.
Esta disparidad también se refleja en la infraestructura y la accesibilidad geográfica. En estados como Oaxaca, solo el 75.2% de la población puede llegar a un hospital en menos de dos horas ante una emergencia. En contraste, la cobertura de seguridad social en estados como Coahuila y Nuevo León supera el 71%, mientras que en Guerrero, Oaxaca y Chiapas apenas 1 de cada 4 personas goza de este derecho.
Brechas de género y retos estructurales para 2024
El análisis del SIDS destaca que el acceso a la salud en México y la seguridad social están profundamente condicionados por el género y el origen étnico. En el ámbito laboral, persiste una brecha de 27.3 puntos porcentuales entre hombres y mujeres. La situación se agrava con la maternidad; las mujeres con hijos tienen una participación laboral 18 puntos menor que aquellas sin descendencia, una cifra que no ha mejorado en casi una década.
El grupo más vulnerable lo encabezan las mujeres indígenas adultas mayores en zonas rurales, donde el 96.7% nunca ha cotizado en una institución de seguridad social. Aunque las pensiones no contributivas para adultos mayores han crecido del 32.6% al 40.1%, el Estado aún enfrenta el reto de garantizar condiciones de calidad y disponibilidad que reviertan el deterioro del acceso a la salud en México.
Fuente El economista
