El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el...
julio 3, 2026
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Jorge Espadas Galván, afirmó que la aprobación de la auditoría al Municipio de León no responde a una decisión improvisada ni a una confrontación de índole política. El legislador aclaró que el proceso se derivó de solicitudes formales presentadas por legisladores de oposición, incluyendo a representantes de Morena y al entonces diputado del Partido Verde, Sergio Contreras.
De acuerdo con las declaraciones del líder de la bancada panista, las peticiones correspondientes siguieron el cauce institucional determinado por la legislación local. Las propuestas fueron turnadas en su momento a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su respectivo análisis y dictaminación, siendo posteriormente aprobadas mediante el voto de la mayoria de las y los diputados en el Pleno del Congreso del Estado. Por este motivo, Espadas Galván aseveró que calificar el acto como una persecución resulta incorrecto.
Frente a los señalamientos de la oposición, el diputado panista desmintió que el Poder Legislativo estatal haya rechazado realizar una fiscalización al exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Explicó que ambos asuntos corresponden a procedimientos jurídicos totalmente distintos, ya que la petición relacionada con el exmandatario no constituía una solicitud formal de auditoría, sino un exhorto sin efectos jurídicos.
Asimismo, el coordinador parlamentario puntualizó que los temas que se pretendían revisar a través de dicho exhorto ya habían sido fiscalizados de manera previa por la Auditoría Superior del Estado. Entre los rubros que ya contaban con revisiones anteriores e independientes se encuentran los siguientes:
Bajo este argumento, apuntó que el Congreso no podía dar luz verde a una propuesta que carecía de impacto legal y que únicamente duplicaba labores de fiscalización que ya se encontraban concluidas.
Espadas Galván hizo hincapié en que la transparencia y la rendición de cuentas deben aplicarse con un criterio uniforme y no utilizarse como una bandera política selectiva por parte de los partidos. Sostuvo que una auditoría no representa bajo ninguna circunstancia una condena anticipada para la administración del municipio, sino un mecanismo para ofrecer certeza a la ciudadanía sobre el ejercicio presupuestal.
Finalmente, recordó que el Congreso del Estado posee la obligación constitucional de vigilar el uso del dinero público sin importar las siglas del gobierno en turno. Concluyó señalando que los recursos administrados pertenecen directamente a las familias de Guanajuato, quienes tienen el derecho legítimo de conocer el destino y la aplicación de sus impuestos.