Los diputados de todas las fuerzas políticas del país debatieron y aprobaron la Ley Ingrid, que tiene la finalidad de sancionar el mal uso que los funcionarios hagan respecto de la información de las víctimas involucradas en un proceso penal.
El objetivo es castigar de 4 a 10 años de cárcel, la filtración de fotos, videos o cualquier material que forme parte de un proceso penal.
El panista Felipe Macías, presidente de la Comisión de Justicia, destacó la importancia del consenso alcanzado en torno a este dictamen, que se originó con las iniciativas de las diputadas Laura Imelda Pérez de Morena y Ana Balderas de Acción Nacional.
Lo anterior para lograr el objetivo de “que aquellos servidores públicos encargados de la administración de la justicia, peritos, policías, investigadores, tengan prohibido la difusión, comercialización de imágenes, videos, material, cualquier información relacionada con un hecho delictivo con las condiciones de la víctima o cualquier ámbito relacionado con el proceso penal”.
En ese sentido, el diputado destacó que la pena será mayor cuando se trate de mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad.
La iniciativa fue nombrada Ley Ingrid en referencia al caso del feminicidio de Ingrid Escamilla, y fue enviada a los senadores con la finalidad de lograr su aprobación en el proceso legislativo.
