El Tribunal Electoral exige al estado garantizar la seguridad y convocar a un nuevo proceso electoral extraordinario en 2025, tras años de violencia e ingobernabilidad.
Tribunal Electoral Interviene ante Crisis en Pantelhó
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha ordenado al estado de Chiapas convocar a un segundo proceso electoral extraordinario en el municipio indígena de Pantelhó durante 2025. Esta decisión surge tras la denuncia de habitantes contra la designación de un concejo municipal por parte del Congreso local en el marco del proceso electoral de 2024, en lugar de realizar elecciones extraordinarias. Los órganos electorales locales habían determinado previamente que la violencia generada por enfrentamientos entre autodefensas y grupos del crimen organizado impedía llevar a cabo el proceso electoral ordinario. La situación se agravó cuando el Congreso nombró a un Concejo con integrantes presuntamente vinculados a los grupos armados señalados por la población como sus agresores.
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Violencia Estructural Impide Elecciones Democráticas
En su resolución, el TEPJF recordó que Pantelhó ha enfrentado durante décadas una grave crisis de seguridad y gobernabilidad, derivada de disputas territoriales, la presencia de grupos armados, violencia, marginación y pobreza. El Tribunal enfatizó que los actos de violencia registrados en los últimos años han afectado directamente los derechos político-electorales de la población, impidiendo que el municipio sea gobernado por autoridades electas democráticamente. Subrayó que el Estado no puede postergar indefinidamente el derecho al voto y tiene la obligación de garantizar elecciones periódicas en condiciones de seguridad.
Plan Integral de Pacificación y Medidas Urgentes
La sentencia del TEPJF ordena al Congreso de Chiapas convocar a un segundo proceso electoral extraordinario en 2025. Además, exige la elaboración e implementación de un Plan Integral de Pacificación y Seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía General de Chiapas. Se ordena a diversas dependencias implementar medidas para garantizar la seguridad humana y atender las causas de marginación y pobreza en la región. Asimismo, se establece la creación de una Mesa de Diálogo y Construcción de Paz que deberá durar hasta las elecciones de 2027, con la participación de representantes del gobierno, autoridades tradicionales y otros sectores de la sociedad. Finalmente, el TEPJF ordena al Congreso de Chiapas garantizar los recursos necesarios para que las autoridades cumplan con lo establecido en la sentencia.
