Guanajuato busca prevenir la corrupción con un enfoque integral de derechos humanos, fortaleciendo la cultura de legalidad.
En un paso decisivo hacia la transparencia y el respeto a la dignidad humana, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y la Secretaría Ejecutiva del SEA (SESEA) han firmado un convenio de colaboración. Esta alianza estratégica busca fortalecer la cultura de legalidad y prevenir la corrupción desde una perspectiva de derechos humanos en Guanajuato.
Las instituciones coinciden en que un ambiente libre de corrupción es fundamental para asegurar el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas, a través de acciones formativas, educativas y de vinculación ciudadana.
La corrupción como amenaza directa a los derechos fundamentales
Durante la firma del convenio, la Procuradora Karla Alcaraz enfatizó que los derechos humanos se fundamentan en la dignidad de las personas y actúan como un límite al poder público. Subrayó que donde existe corrupción, los derechos humanos son más susceptibles de ser vulnerados. La ombudsperson guanajuatense remarcó que la lucha contra la corrupción no es solo una cuestión legal, sino también ética y social, y debe cimentarse en el respeto a los derechos.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 126 de 180 países, con una calificación de solo 31/100. Esta cifra resalta la urgencia de políticas preventivas más integrales. Estudios de la ONU también indican que los entornos con altos índices de corrupción se asocian con mayores violaciones a derechos como el acceso a la justicia, la salud y la educación. Por ello, integrar una perspectiva de derechos humanos en el combate a la corrupción es impostergable.
Acciones concretas para un cambio estructural y participación ciudadana
El convenio contempla una serie de acciones alineadas con los objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción. Estas incluyen talleres y capacitaciones en derechos humanos para funcionarios públicos, campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, y la creación de materiales didácticos para impulsar la cultura de legalidad. Además, se ofrecerán asesorías especializadas, se fomentará la vinculación interinstitucional y se realizarán encuentros académicos y foros de discusión sobre corrupción y derechos humanos.
El presidente del Comité Coordinador del SEA, Giovanni Appendini, destacó que este acuerdo es un paso crucial para diseñar estrategias conjuntas que permitan una visión más humana del combate a la corrupción. Asimismo, el convenio promueve la participación activa de la ciudadanía, incluyendo a jóvenes, mujeres, personas indígenas y comunidades rurales. Esta iniciativa pionera en Guanajuato podría servir de modelo a nivel nacional, demostrando que es posible construir una política pública innovadora con un impacto social duradero.
Fuente: Líder Empresarial
