La presidenta Claudia Sheinbaum firmó una nueva iniciativa de ley contra el feminicidio. Durante un evento oficial celebrado este miércoles, la mandataria federal detalló que el documento será enviado de inmediato al Congreso de la Unión para su análisis y discusión. El objetivo primordial de esta reforma legislativa es endurecer los castigos contra los agresores, proponiendo que la pena máxima por este delito se eleve hasta los 70 años de prisión.
Acompañada de legisladoras y funcionarias de su gabinete, la titular del Ejecutivo explicó que la iniciativa busca erradicar la disparidad legal que existe actualmente en el país. Al estandarizar las penas a nivel federal, se pretende enviar un mensaje de “cero impunidad”, garantizando que cualquier persona que atente contra la vida de una mujer por razones de género enfrente todo el peso de la ley, sin importar la entidad federativa donde se cometa el crimen.
Homologación de protocolos de investigación
Más allá del endurecimiento de las penas privativas de libertad, la propuesta presidencial aborda una de las deudas históricas del sistema judicial mexicano: la homologación de los protocolos de investigación. Sheinbaum Pardo subrayó que es inaceptable que los ministerios públicos y las fiscalías locales apliquen criterios distintos al momento de tipificar las muertes violentas de mujeres.
Para resolver esta fragmentación institucional, la iniciativa de ley plantea las siguientes directrices obligatorias para las autoridades procuradoras de justicia:
- Toda muerte violenta de una mujer deberá ser investigada de inicio bajo el protocolo de feminicidio.
- Implementación de criterios estandarizados a nivel nacional para la recolección de pruebas y levantamiento de cuerpos.
- Capacitación obligatoria y permanente con perspectiva de género para peritos, policías de investigación y ministerios públicos.
Protección a las víctimas y justicia estructural
En su mensaje, la mandataria reiteró que el combate a la violencia machista no se limita al ámbito punitivo, sino que requiere una transformación estructural. Por ello, la reforma también contempla mecanismos para fortalecer la protección a las víctimas indirectas, especialmente a las hijas e hijos en situación de orfandad por feminicidio, asegurando su acceso a programas sociales, atención psicológica y resguardo integral.
Finalmente, Claudia Sheinbaum hizo un llamado respetuoso pero enérgico a los legisladores de todas las fracciones parlamentarias para que aprueben la iniciativa a la brevedad. Sentenció que la justicia para las mujeres de México no puede estar sujeta a debates partidistas, reafirmando que su gobierno continuará impulsando políticas públicas que garanticen el derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de violencia.
