Se han expuesto una serie de crímenes perpetrados en Guanajuato por elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (SEMAR). Estos actos incluyen ejecuciones extrajudiciales y allanamientos, revelando una preocupante situación de violencia institucional en la región, según la Plataforma por la Paz y la Justicia, liderada por Raymundo Sandoval.
Denuncias en el foro sobre reforma a la Guardia Nacional
Los hechos, que se remontan a los últimos seis años, fueron presentados durante un foro sobre la reforma a la Guardia Nacional en el Congreso de Guanajuato. La exposición de casos concretos ha generado una profunda inquietud dentro de la comunidad, poniendo en tela de juicio la actuación de las fuerzas de seguridad en la región.
El primer incidente reportado fue el asesinato de Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de la Universidad de Guanajuato, a manos de un miembro de la Guardia Nacional en abril de 2022. También se destacó el caso de Paula Rojas, integrante de un colectivo de búsqueda de desaparecidos, quien fue objeto de allanamiento y amenazas por parte de la misma institución.
Casos de violencia institucional
Se ha hecho mención del caso de Rosario Zavala Aguilar, también activista de la búsqueda de desaparecidos, quien fue hostigada y posteriormente asesinada por la Guardia Nacional en 2020. Además, se relató la detención y golpiza sufrida por un grupo de personas, incluido Sergio Banda Delgado, a manos de agentes de la Secretaría de Marina en 2018.
Un quinto caso relevante es el de Juan Armando Carrillo Juárez, miembro de un colectivo de búsqueda de desaparecidos, quien fue detenido y posteriormente encontrado sin vida luego de un operativo conjunto entre la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Urgencia de transparencia y justicia
La falta de transparencia en las investigaciones y la preocupación por la impunidad en estos casos han sido temas resaltados. Es crucial una investigación exhaustiva y el pleno respeto a los derechos humanos en el proceso.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha iniciado investigaciones al respecto, aunque los resultados y acciones administrativas aún no se han dado a conocer.
Impacto en la confianza pública
Estos crímenes tienen un impacto significativo en la confianza pública hacia las fuerzas de seguridad del país. Se espera una respuesta adecuada por parte de las autoridades para garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas y sus familias, en aras de restaurar la confianza en las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía.
Fuente El Bajío
