Resumen El Gobierno de México interpuso 20 denuncias ante fiscalías de Estados Unidos y acudió a la ONU tras el fallecimiento de 17 mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Acciones legales ante fiscalías de Estados Unidos
El Gobierno de México, en seguimiento a los compromisos anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha presentado hasta el momento 20 denuncias ante autoridades judiciales de Estados Unidos tras la muerte de al menos 17 connacionales bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
De las acciones interpuestas por el embajador de México en EE. UU., Roberto Lazzeri, 8 se radicaron ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de condado en las jurisdicciones donde ocurrieron los decesos reportados desde mayo de 2025. Las entidades involucradas son:
- Arizona
- California
- Florida
- Georgia
- Illinois
- Luisiana
- Misuri
- Texas
Gestiones de la SRE y organismos internacionales
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló las gestiones diplomáticas e internacionales impulsadas para esclarecer las circunstancias de los fallecimientos y exigir responsabilidades a las autoridades estadounidenses:
- Petición al Departamento de Justicia: La Embajada mexicana transmitió formalmente la denuncia remitida por la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar la apertura inmediata de investigaciones.
- Reuniones con DHS e ICE: En encuentros con el Departamento de Seguridad Nacional y ICE, la representación diplomática manifestó la preocupación del Gobierno mexicano por las condiciones en los centros de detención, incluyendo los gestionados por empresas privadas.
- Apelación a la ONU: El secretario Roberto Velasco Álvarez envió una misiva al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, solicitando requerir aclaraciones a EE. UU. y emitir recomendaciones técnicas preventivas.
Acompañamiento a las familias afectadas
La red consular de México en Estados Unidos mantiene la atención y protección integral a los familiares de las víctimas fallecidas. Esto contempla asistencia legal, apoyo económico para el traslado de restos mortales a territorio nacional y las gestiones consulares que requieran los deudos, mientras la Cancillería dará seguimiento puntual a los procesos judiciales iniciados.
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Con información de QUADRATÍN MÉXICO
