Reporteros acusan bloqueo y descalificaciones durante rueda de prensa municipal
Comunicadores denuncian actos de censura y discriminación
Nueve periodistas de Celaya acudieron el lunes 14 de abril a las oficinas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) para presentar una queja colectiva contra el presidente municipal Juan Miguel Ramírez Sánchez y el director de Fiscalización, Eduardo Griss Kauffman.
La inconformidad surgió tras una rueda de prensa celebrada el viernes anterior, donde se les impidió reingresar al salón de cabildos, luego de salir en protesta por la participación de un civil que descalificó a periodistas y elogió al gobierno municipal. El funcionario ordenó cerrar con seguro el salón y prohibir el ingreso de los comunicadores, hechos que quedaron registrados en la transmisión oficial del evento.
El expediente de la denuncia quedó asentado bajo el número 0987/2025-C, según lo informado por la subprocuradora María Gracia Zavala Gutiérrez, quien recibió el testimonio del grupo.
Alcalde minimiza los hechos y valida bloqueo
Durante sesión de Ayuntamiento, el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez calificó los hechos como “chismes” y minimizó la situación. En su declaración, también avaló el actuar del personal de Fiscalización, restando importancia a las denuncias de los comunicadores.
El edil incluso hizo referencia a los recursos económicos entregados para la difusión de campañas, mencionando que “a todos se les da dinero, pero no mucho, hoy damos menos, para que puedan sobrevivir”, comentario que fue percibido por los reporteros como una forma de desacreditar su labor profesional.
Reporteros denuncian patrón de exclusión en conferencias
Los comunicadores señalaron que estas acciones no han sido aisladas. Afirmaron que en varias ocasiones, durante ruedas de prensa del gobierno municipal, se les niega el uso de la voz para favorecer a personas externas, lo cual ha generado un entorno hostil para el ejercicio periodístico.
De acuerdo con los periodistas, estas prácticas configuran una violación sistemática a sus derechos humanos y afectan directamente la libertad de prensa en el municipio de Celaya.
