Análisis federal revela territorios con gobernanza criminal efectiva ante presencia simbólica o cooptada de autoridades.
Debilidad institucional alimenta la gobernanza criminal en zonas violentas
Un análisis interno de las áreas de seguridad del gobierno federal advierte sobre una “persistente debilidad institucional en los territorios más violentos” de México. El documento, titulado Puntos de inflexión de los indicadores, eventos y aseguramientos de las dinámicas de narcotráfico, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, señala que en estas zonas la presencia de las autoridades es “simbólica” o se encuentra “cooptada”, lo que genera áreas de gobernanza criminal efectiva.
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El informe revela que, a pesar del discurso oficial sobre la desarticulación de organizaciones delictivas, estas han demostrado una notable capacidad regenerativa. Esta situación representa un desgaste constante para las instituciones de seguridad, que operan con estructuras rígidas frente a la adaptabilidad de los grupos criminales.
El análisis subraya que “el crimen organizado actúa como un sustituto del Estado, ofreciendo empleo, seguridad y justicia, particularmente en regiones rurales o fronterizas”. Esta situación erosiona la legitimidad institucional y dificulta cualquier intento de recuperación del tejido social. El documento enfatiza que “el crimen organizado en México no es sólo un fenómeno delictivo: es un actor político y económico que desafía la autoridad del Estado”. A pesar de reconocer la mirada integral de la estrategia de seguridad 2025-2030, el informe considera que aún no se logra articular una respuesta que transforme las condiciones estructurales que permiten la reproducción del crimen. “Sin legitimidad institucional, sin justicia local y sin control territorial efectivo, el Estado seguirá administrando la violencia, no resolviéndola”, sentencia el análisis.
Reconfiguración y diversificación de los cárteles
El análisis identifica una reconfiguración en los cárteles, que han demostrado una gran adaptabilidad tecnológica y logística, así como cambios significativos en los patrones de narcotráfico. Indica que organizaciones criminales como los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación ya no operan únicamente bajo lógicas de violencia armada o control territorial tradicional. En cambio, han evolucionado hacia modelos más flexibles que combinan fragmentación con redes especializadas de producción, trasiego y distribución de drogas.
Además, el informe resalta una diversificación criminal que incluye la incursión en mercados como la minería ilegal, trata de personas y extorsión empresarial. Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del Inegi revelan que las pérdidas económicas promedio anuales por extorsión casi se duplicaron en 2023, alcanzando los 5 mil 363 pesos por víctima. La extorsión también se posicionó como el tercer delito más frecuente en 2023, con una tasa de 5 mil 213 hechos por cada 100 mil habitantes.
Retos para la estrategia de seguridad y la cooperación internacional
El análisis detalla una compleja mutación del crimen organizado en México que impone retos significativos a las fuerzas de seguridad en el periodo 2025-2030 para contener, disuadir y desarticular a los grupos delictivos. Considera que esta mutación y los cambios en los patrones del narcotráfico ponen en entredicho la capacidad del Estado para desarticular a los cárteles, que operan bajo nuevos ejes: adaptabilidad, territorio y transnacionalización.
El documento critica que la actual estrategia de seguridad “arrastra inconsistencias de ejecución y diagnóstico”, y que el despliegue de las Fuerzas Armadas no ha ido acompañado de un “verdadero” fortalecimiento institucional de las policías municipales y estatales. También advierte que la lógica de “puntos de inflexión” basada en indicadores operativos puede ser engañosa, ya que “la criminalidad se está volviendo menos visible, pero más sistémica”, exigiendo métricas de impacto social y económico.
El informe alerta sobre la falta de reconocimiento del papel de las alianzas locales del narco, como grupos comunitarios, operadores políticos o empresarios, y la necesidad de una política anticorrupción territorializada y efectiva. A pesar de esto, reconoce aciertos en la estrategia actual, como su carácter “multidimensional”, la incorporación de enfoques más allá del uso de la fuerza, la priorización de la coordinación interinstitucional y los esfuerzos por mejorar el rastreo de sustancias químicas ilícitas.Finalmente, el documento subraya la indispensable cooperación internacional ante la continua presencia de poderosos cárteles y las limitaciones presupuestarias. Sugiere que la Secretaría de Marina podría asumir un rol protagónico en esta coordinación. El informe concluye que “la integración de esfuerzos en áreas de seguridad, salud pública, justicia y políticas sociales será esencial para transformar la lucha contra el narcotráfico en un proceso sostenible y eficaz”.
Fuente El Universal
