La presidenta lanzará un Plan B de reforma electoral para recortar gastos en municipios y estados.
Luego de que la Cámara de Diputados rechazara su iniciativa original, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves que enviará una propuesta alternativa denominada “Plan B” de reforma electoral. Este nuevo proyecto, que se presentará formalmente el próximo lunes 16 de marzo, tiene como eje central la reducción de privilegios en congresos locales y ayuntamientos, además de la ampliación de los derechos de participación ciudadana.
Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró no sentirse derrotada por el resultado legislativo. “La gente sabe que uno no está dispuesta a negociar todo”, afirmó, subrayando que el objetivo prioritario sigue siendo la austeridad republicana y la eliminación de gastos excesivos en las instituciones electorales y los partidos políticos.
Austeridad en congresos locales y municipios
El corazón de este Plan B de reforma electoral busca establecer límites estrictos a los presupuestos de los poderes legislativos en los estados. Según la presidenta, existen disparidades injustificables donde entidades con el mismo número de diputados operan con recursos radicalmente distintos. La propuesta pretende homologar estos gastos para evitar el despilfarro de recursos públicos.
Asimismo, la reforma contempla una reducción significativa en el número de regidores dentro de los ayuntamientos. Sheinbaum explicó que el ahorro generado por este recorte administrativo no irá a las arcas federales, sino que se quedará en los propios municipios para financiar servicios básicos como:
- Redes de agua potable y drenaje.
- Programas de bacheo y pavimentación.
- Mejora de infraestructura local.
Consultas populares y revocación de mandato
Otro pilar fundamental de la nueva estrategia legislativa es el fortalecimiento de la democracia directa. El Plan B de reforma electoral propone reformar la ley para permitir que temas actualmente restringidos, como el financiamiento público a partidos, puedan ser sometidos a consulta popular. Con esto, se busca que la ciudadanía tenga la última palabra sobre el destino del dinero de sus impuestos en materia política.
Finalmente, la propuesta incluye flexibilizar la revocación de mandato. La intención es que este ejercicio democrático pueda solicitarse tanto en el tercer como en el cuarto año del periodo gubernamental, facilitando el escrutinio social sobre el desempeño del Ejecutivo. Con estas medidas, el gobierno federal busca mantener viva la transformación del sistema político mexicano a pesar del bloqueo inicial en la Cámara Baja.
Fuente El economista
